El pasado lunes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó por mayoría de votos, ordenar al Senado que sustituya al Comité de Evaluación del Poder Judicial, en el proceso de selección de candidatos para la próxima elección judicial. En un nuevo berrinche institucional, el TEPJF se molestó porque el Comité detuvo el procedimiento de evaluación de candidatos, para dar cumplimiento a diversas suspensiones otorgadas por otros jueces. Al Tribunal le pareció que estas órdenes judiciales no son “motivo suficiente” para interrumpir el procedimiento, como si no se tratara de un mecanismo judicial para la protección inmediata de derechos humanos en peligro, como si la violación de una orden de suspensión no configurara un delito. 

El resultado es que ahora el Senado expedirá en un plazo de 24 horas, las medidas y lineamientos para continuar con el proceso, y este mismo viernes llevará a cabo una nueva tómbola de la justicia para elegir a los candidatos. Además, el Tribunal señaló expresamente que en ciertos casos “no se llevará a cabo el procedimiento para evaluar la idoneidad de las personas aspirantes”. Si de por sí, ya era preocupante que los requisitos para acreditar las capacidades de los candidatos son mínimos, encima el TEPJF ha permitido que se les pueda eximir de su cumplimiento. Podríamos llegar a tener jueces que ni siquiera sean licenciados en Derecho.

Además de los graves problemas de concentración de poder, parcialidad y corrupción que implica la reforma judicial, las autoridades a cargo de la elección la han convertido ya en un circo mediático, un espectáculo público. Los reiterados descuidos en el proceso y el abandono del rigor técnico que debe tener la impartición de justicia, exhiben una percepción arcaica de la función judicial. Pareciera que los impulsores de la reforma entienden a los jueces como una especie de líderes sociales que tienen la autoridad moral para resolver peleas en medio de una plaza pública, y decidir con el golpe de un mallete quién tiene la razón en cada conflicto, con base en sus creencias, criterio y el humor de cada día.

La humanidad ya conoció esta clase de “justicia”. La historia nos ha probado que la arbitrariedad en los juicios puede conducir a graves violaciones de derechos humanos, incluso si parece que la sociedad apoya las decisiones de los jueces al momento de tomarlas. El ejemplo de Salem no es exagerado. El 27 de mayo de 1692, se constituyó el Tribunal de Audiencias y Cancillería en Suffolk, Essex y Middlesex, que estuvo a cargo de los procesos judiciales en contra de más de 200 personas acusadas de brujería. La mayoría de los juicios se produjeron en la aldea de Salem, Massachusetts, y estos cobraron relevancia histórica por la violación masiva de derechos humanos a través de la supuesta “impartición de justicia”.

De acuerdo con las transcripciones de diversos interrogatorios y audiencias, rescatadas y compiladas en 2014 por Katherine Howe, los juicios involucraban el desahogo público de pruebas sobre el cuerpo de las acusadas. Se admitía, por ejemplo, la prueba del agua, para verificar si la bruja se hundía al ser sumergida en agua con las manos atadas; y la prueba espectral, en la que se reconocía validez jurídica a las visiones o los sueños. El resultado fue la ejecución, tortura y detención ilegal de cientos de personas, por un delito que hoy sabemos que no encuentra una base científica, pero que se condenaba en aquel entonces para tranquilizar a la sociedad. Diversos jueces y miembros del jurado ofrecieron disculpas públicas en 1697, argumentando que habían sido “tristemente engañados y confundidos”.

Jugar con la justicia no es otra cosa que jugar con los derechos humanos. La evaluación de la capacidad de los nuevos jueces es esencial, para asegurarse de que entienden la relevancia de su función.

]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *