La negativa del Comité de Evaluación del Poder Judicial de reanudar su proceso de selección de aspirantes para la elección judicial, abre una nueva disyuntiva al interior de PJF, ya que por un lado, el TEPJF ha ordenado a dicho comité seguir con sus tareas e incluso ordenará medidas alternas para seguir con el proceso, todo ello, mientras que la SCJN ya atrajo el caso para resolver de una vez el diferendo. 

Apenas este fin de semana, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anunció que abrió un incidente de incumplimiento de sentencia contra el Comité de Evaluación del Poder Judicial, luego de que no cumpliera con el plazo de 24 horas que se le dictó para reanudar su proceso de selección.

Por ello, en el TEPJF se prevé que este lunes, se lleva a cabo una sesión urgente en la que se resolverá un proyecto de la magistrada presidenta Mónica Soto que propone imponer medidas de apremio contra el Comité, entre las cuales destacan el permitir al Senado de la República que atraiga las tareas de este organismos con el fin de “regularizar el desarrollo del proceso extraordinario de elección de personas juzgadoras, a fin de reparar la violación constitucional”.

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“(Esta Sala) determina que la Mesa Directiva del Senado de la República puede expedir las medidas y los lineamientos necesarios con el objeto de realizar la etapa de insaculación…únicamente respecto de aquellos cargos en los que existan más postulantes del número de duplas o ternas que corresponda. En el entendido que en aquellos casos en los que no existan el número de aspirantes necesarios, éstos pasarán directamente a la boleta correspondiente”, señala el acuerdo que será analizado este lunes.

Asimismo, se destaca que debido a los tiempos, “en ese tenor no se llevará a cabo el procedimiento para evaluar la idoneidad de las personas aspirantes”, y “una vez efectuado lo anterior, se conformará de inmediato la lista de aquellas personas que resultaron insaculadas”.

Además, se ordena que a más tardar el martes cuatro de febrero del presente año, la Mesa Directiva del Senado de la República remitirá los listados de ternas y duplas al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su aprobación.

Cabe resaltar que en su proyecto, la magistrada presidenta advierte que en “caso de que el referido órgano jurisdiccional no apruebe los listados mencionados, se tendrá por actualizada la afirmativa ficta, por lo que, la Mesa Directiva del Senado de la República podrá remitir, de manera directa, las candidaturas insaculadas al Instituto Nacional Electoral, para continuar con el procedimiento electivo”.

Cabe señalar que desde el pasado 9 de enero, este Comité determinó suspender su proceso de selección de aspirantes a juzgadores federales por orden del juez Sergio Santamaría, titular del Juzgado Primero de Distrito en Michoacán, quien emitió una suspensión definitiva en contra del proceso electoral Judicial.

A la par de estas determinaciones, este mismo Comité solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que determine cuál de las dos resoluciones contradictorias debe acatar; la del TEPJF y la del juez federal. Este recurso fue aceptado por el máximo tribunal del país, encabezado por la ministra Norma Piña,quien argumentó que ejercerá su facultad de atracción para resolver “la controversia que impide el ejercicio de las atribuciones del comité de evaluación del Poder Judicial de la Federación”.

Sin embargo, esto último se da en el marco de las declaraciones de la magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto, quien ha defendido que está resolución o todas aquellas relacionadas con el proceso de la elección judicial, han sido apegados a derecho.

“Son resoluciones judiciales, no es personal, no hay ningún enfrentamiento ni confrontación, mucho menos con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con su presidenta, al contrario… Son decisiones jurídicas que están apegadas a lo establecido de manera gramatical en la Constitución”, afirmó la semana pasada la magistrada presidenta.

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