Desde la tragedia de Tlahuelilpan, cada nueva medida que el gobierno mexicano anuncia contra el huachicol lleva implícita una confesión. Involuntariamente termina reconociendo que la ola pasada de análisis y acciones no funcionó tan bien como había esperado.
El informe tributario y de gestión del cuarto trimestre de 2022 del SAT, por ejemplo, presumió que el huachicol estimado había bajado en más de un tercio, año con año. Pero esto implicó revelar que el contrabando y robo de combustible durante 2022 se estimaba en 182,739 barriles diarios – casi 14 por ciento de todos los combustibles que se venden en México. También terminó revelando que el problema era realmente abrumador en 2021. ¿No que el presidente López Obrador lo había eliminado desde 2019?
A estas alturas, ya son cifras medio viejas. El detalle y estimaciones de ese reporte semanal del SAT no se han replicado desde entonces. Pero ahí se reveló un marco conceptual relevante para el análisis. Al menos en ese entonces, las autoridades creían que 1) mientras más alto sea el impuesto especial a las gasolinas (IEPS), más incentivos hay para el contrabando; y que 2) el mercado negro de gasolinas abusaba del uso de partidas arancelarias.
De ese marco se desprenden datos indirectos poco alentadores. En 2023, 2024 y lo que va de 2025, el IEPS ha llegado a niveles particularmente altos. Además, un año después del reporte el SAT y Sener anunciaron medidas para tratar de cerrar recovecos al uso indebido de partidas arancelarias – lo cual sugiere que el problema estaba lejos de estar resuelto. No hay información oficial posterior que acredite con granularidad el nivel de efectividad de esas medidas.
Lo que sí es que las acciones recientes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sugieren que el huachicol, lejos de desaparecer, aparece cada vez más en el radar de nuestro vecino del norte. En septiembre del año pasado, su Office of Foreign Asset Control (OFAC) sancionó a una serie de personas físicas y morales que considera que están vinculadas al huachicoleo como una división comercial de un cartel mexicano. En el boletín de prensa anunciando la medida, explicó que el huachicoleo es la fuente de ingresos no relacionados con la droga más importante para los carteles mexicanos. “El departamento del Tesoro”, dijo OFAC, “continuará usando su conocimiento y herramientas para seguir apuntando implacablemente contra las organizaciones de tráfico de drogas para hacer que nuestras comunidades sean seguras y mantener a las venenosas drogas como el fentanilo de nuestras calles”.
Esto fue antes de que el presidente Trump firmara una orden ejecutiva para declarar a los cárteles mexicanos organizaciones terroristas extranjeras (FTOs, por sus siglas en inglés). De esta última todavía no se definen detalles importantes, como el nombre de los cárteles y otros factores procedimentales. Pero ya es claro que las consecuencias de cualquier transacción relacionada con el mercado ilegal de combustibles están creciendo exponencialmente. Se espera que los momios de la impunidad caigan significativamente. Agregar capacidades investigativas y de ‘enforcement’ de las autoridades de Estados Unidos, que están dando señales claras de ver la erradicación del huachicoleo como una prioridad política y se seguridad nacional, podría marcar un punto de quiebre.
Aquí hay implicaciones para todos los que forman parte del mercado de petrolíferos en México. Como FTI Consulting sugirió en un reporte reciente en el que participé como coautor, el ecosistema y las exigencias de compliance en cualquier espacio adyacente al crimen organizado son mucho mayores. Las empresas que sigan como si nada, aún si creen que nunca han cruzado la línea, están jugando con fuego. Además del riesgo, cualquier autoridad mexicana que no busque cooperar con la reclasificación del huachicol desde Estados Unidos habrá perdido una oportunidad irrepetible para meter orden en lo que hasta ahora ha parecido un desafío insuperable. Y para desarrollar una agenda común con el equipo de Trump.
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