Silvia Garduño, Oficial de Información Pública de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) en México, destacó, en una entrevista con El Economista, que ante los retos del endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos el país se afianzará como un país receptor de personas refugiadas, además de la necesidad de fortalecer a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). 

La miembro de Acnur detalló que el presupuesto asignado a la Comar es insuficiente para atender el crecimiento exponencial de las solicitudes de asilo. Además, afirmó que, en la actualidad, dos terceras partes del financiamiento de la Comisión provienen de Acnur y esto no garantiza sostenibilidad a largo plazo.

“Simplemente si vemos el aumento de las solicitudes de asilo en los últimos años, pero no hemos visto que haya sido como proporción, un aumento en el presupuesto. Entonces siempre hemos abogado, porque se pueda incrementar este presupuesto de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Nosotros digamos que nuestro presupuesto está sujeto a las contribuciones de los Estados, (el apoyo económico) no lo tenemos garantizado o asegurado año con año, puede ser que cambie porque hay distintas emergencias a nivel global, y no siempre vamos a contar con esos recursos”, detalló la Silvia Garduño.

Nación receptora

Por otro lado, la oficial de comunicación señaló que el país ya opera como una nación receptora de refugiados y destacó que el sistema de asilo ha evolucionado significativamente en la última década, pero necesita un mayor respaldo gubernamental.

Además, precisó que “México se ha ido convirtiendo en un país de asilo, en un país de protección. Muchas veces pensamos en Estados Unidos como la principal opción, pero para muchos, México es ya su primera opción”.

Desde 2014, México ha experimentado un notable aumento en las solicitudes de refugio. Este fenómeno responde a diversos factores, entre ellos, la violencia y la inseguridad que obligan a miles de personas a huir de sus países de origen. Según datos recopilados por Acnur, más de la mitad de las personas entrevistadas mencionaron estas causas como el principal motivo de su migración.

“Estas personas necesitan protección. México ha desarrollado un sistema de asilo cada vez más robusto, que ha sido reconocido como referente a nivel regional y global. Contamos con programas de integración que han permitido a muchos refugiados reconstruir sus vidas en este país, dejando atrás contextos de violencia y peligro”, agregó.

También, mencionó que desde 2016, Acnur ha operado un programa de integración para refugiados en México, beneficiando a más de 50,000 personas. Este modelo, que colabora con más de 600 empresas en estados como Saltillo, Monterrey y Guadalajara, ofrece empleo formal y apoyo integral, incluyendo asistencia para vivienda y acceso a servicios educativos.

“El programa no solo ayuda a los refugiados a reconstruir sus vidas, sino que también beneficia a las empresas, que encuentran en ellos una mano de obra comprometida y estable”, señaló Silvia Garduño.

Solicitan legislación en materia de desplazamiento forzado a nivel federal 

La oficial de Información Pública de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) en México, Silvia Garduño, expresó que en el país se ha incrementado el desplazamiento interno de personas por cuestiones como la violencia y destacó que en la nación se carece de de una legislación federal para abordar esta situación.

“Estamos colaborando, tanto a nivel federal, como con algunos gobiernos de los estados de la República, donde justamente hemos visto esta situación para poder contar con los marcos normativos que se requieren. Hay estados que ya tienen una ley en la materia de desplazamiento forzado, hay unos que todavía no la tienen a nivel federal, todavía no tenemos una legislación (sobre el tema), pero sin duda ha habido estos acercamientos para dar una respuesta más.”, afirmó.

En entrevista con El Economista indicó que en lugares como Guerrero, Chiapas, Michoacán y Zacatecas se han convertido en focos de desplazamiento interno, con comunidades enteras huyendo de enfrentamientos armados y amenazas directas de grupos delictivos.

Según la miembro de Acnur, el esplazamiento interno no sólo desarraiga a las personas de sus comunidades, sino que también las expone a riesgos adicionales, como el reclutamiento forzado por parte de grupos criminales, trata de personas y violencia de género. Ella enfatizó que muchas de las víctimas carecen de acceso a mecanismos de protección y quedan atrapadas en un ciclo de inseguridad y pobreza.

“Una persona desplazada pierde todo: su hogar, sus medios de vida, su estabilidad. Es esencial que el Estado brinde soluciones integrales, como reubicación o acceso a programas de apoyo”, afirmó.

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